El pasado 31 de octubre de 2022, la Superintendencia de Transporte informó a las diferentes empresas nacionales de transporte que están obligadas a diseñar e implementar el “Formulario ADAP/PESV” conforme a lo acordado en la Resolución 40595.
La entidad, en conjunto con el Presidente de la República, tomaron esta decisión con el objetivo brindar protección, seguridad y vigilancia a los conductores de dicho sector, teniendo en cuenta la nueva reglamentación del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
De acuerdo a lo anterior, solo aquellos que están vigilados por la Superintendencia tendrán que llevar a cabo el diseño e implementación de dicho formulario, cuyo plazo máximo a entregar es hasta el próximo 24 de noviembre de 2022.
¿Quiénes son los vigilados y obligados a diligenciar el documento?
- Todas las empresas de todos los modos y modalidades reglamentadas por el Ministerio de Transporte.
- Operadores de infraestructura pública de transporte terrestre, portuaria y aeroportuaria, así como operadores de infraestructura portuaria de servicio privado.
- Operadores de servicios conexos al transporte.
- Operadores de estaciones de peajes y operadores portuarios
- Organismos de tránsito
- Organismo de apoyo al tránsito tales como Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) , Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) y Centro de Diagnóstico Automotor (CDA)
Es importante aclarar que este formulario debe ser diligenciado sin perjuicio de que la empresa de transporte se encuentre actualizando el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
¿Dónde lo puede conseguir?
Solamente tiene que hacer clic AQUÍ e inmediatamente el enlace lo llevará a la página de la Superintendencia de Transporte.
Recuerde que solo tiene hasta el próximo 24 de noviembre para enviar digitalmente este formato que es completamente OBLIGATORIO para las empresas anteriormente mencionadas.
¿Cuánto plazo tiene para actualizar el PESV?
Tenga en cuenta que solamente cuenta con un año para acoplarse a la nueva reglamentación. Es decir, desde julio de 2022 hasta julio de 2023.
Si no cumple con los pasos que exige la normatividad de acuerdo al tamaño y misionalidad de su empresa, podrá acarrear multas o sanciones tanto legales como económicas con pagos de hasta 800 millones de pesos.
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